Media sanción para la ley de alquileres

El Senado aprobó un proyecto de ley que regula los precios. El sector inmobiliario expresa su preocupación por su incidencia en el mercado.

Se trata de una iniciativa de la senadora rionegrina del Frente para la Victoria (FPV) Silvina García Larraburu para regular el mercado de alquileres. Entre los puntos más importantes la ley establece una actualización anual de los contratos a través de un índice ponderado que elaborará el Indec en base a la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), promediados en partes iguales. Esta actualización operará sólo si existe una inflación superior al 10 por ciento. Ya no se podría aumentar semestralmente sino una vez por año.

Desde el mercado inmobiliario expresan su preocupación. Francisco Altgelt, vicepresidente de Altgelt Negocios Inmobiliarios, explicó que con esta ley se está desviando el foco del problema. Para Altgelt, hay un gran número de inquilinos en el mercado y hay que trabajar en que pasen a ser propietarios ya que si se redujera la cantidad de inquilinos, no habría conflicto: “el problema habitacional es un tema que debe enfrentar el Estado como ente público y no debe volcar la responsabilidad en los privados’’, agregó.

Por su parte, Mariano Oppel, Presidente de Oppel Inmuebles, explicó que los propietarios en estas condiciones no querrán alquilar, habrá menos oferta y subirán los precios: “Los pocos que quieran, serán sumamente exigentes con los requisitos intentando no salir perjudicados y aumentarán los precios por si el índice les da bajo’’.

La ley también amplía de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler. Por otra parte, el propietario deberá pagar el ABL y las expensas extraordinarias. Diego Migliorisi, socio gerente de Migliorisi Propiedades, expresó que el proyecto en sí no afectará en forma directa ni al propietario ni al mercado, aunque considera que, ante los cambios previstos en la ley, los inversores locales y/o internacionales pensarán dos veces si realizan inversiones en el país ya que la regulación del mercado afectará la renta.

En cuanto a las comisiones inmobiliarias el articulado dispone que sean determinadas por ley de cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, que no superen nunca el valor de un mes de alquiler. Se elimina también el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa pagando un mes y medio de alquiler como multa si terminase el vínculo en el primer año o un mes en el segundo o tercer año.

Asimismo, sesenta días antes del vencimiento de la locación, propietario e inquilino deberán acordar la renovación o no del contrato. En caso de no renovar, el inquilino podría dejar la propiedad durante ese periodo sin pagar multa.

El proyecto, impulsado por organizaciones de inquilinos de todo el país, fue aprobado por unanimidad en el Senado y ahorá se tratará en la cámara baja en donde dispondrán de una semana antes que terminen las sesiones extraordinarias.